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Aparecido en:  Tribuna de Salamanca
 
Fecha de Publicación: 16/03/2009

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Uno de cada cuatro ayuntamientos tuvo deuda en 2008, pero no la capital

   
 

Uno de cada cuatro ayuntamientos de la provincia de Salamanca, un total de 83, saldó el pasado ejercicio anual con más gastos que ingresos. Los números rojos estropearon las cuentas de gran parte de los municipios más poblados, pero no aparecieron ni en la capital, ni en Béjar ni en Villamayor de la Armuña, según un informe elaborado por el Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública (Gestha). La ciudad del Tormes es una de las tres capitales de la Comunidad, junto con Burgos y León, que logró equilibrar por completo la balanza entre gastos e ingresos. El Ayuntamiento de Valladolid, por ejemplo, despidió el pasado año con una deuda pública superior a los 23,5 millones de euros.

Los técnicos del Ministerio de Hacienda sostienen en su informe que las facturas pendientes por las corporaciones locales de la región suponen un lastre de 159 millones de euros, que se suman a los 538 millones que adeuda la Administración autonómica. En la provincia de Salamanca, los consistorios que terminaron el pasado año con un mayor descontrol en los presupuestos fueron Alba de Tormes, con una deuda pública anual de 1.316.586,41 euros; Ciudad Rodrigo, con 772.554,79 euros; Peñaranda de Bracamonte, con 591.995,46 euros; y Fuentes de Oñoro, con 406.805,56 euros. El Ayuntamiento más importante, Salamanca capital, gestionó mejor sus pagos en el primer año de crisis económica. Tanto los ingresos como los gastos se frenaron en algo más de 187,7 millones de euros. La cuarta cantidad más importante en Castilla y León, tras Valladolid, con 333,3 millones; León, con 269,1 millones; y Burgos, con 226 millones. La principal fuente de financiación para las arcas municipales de Salamanca resultó el abono de impuestos. Casi la mitad de los ingresos, el 48,28%, 90,6 millones de euros, se recaudó a través de tasas directas e indirectas, las más abundantes las primeras, con una aportación de 56,7 millones. El Ayuntamiento de Salamanca dispuso en el pasado año también de 38,6 millones, la segunda inyección económica más elevada, gracias al cobro de transferencias corrientes, revela el estudio del Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública.

En el otro lado de la balanza, los gastos se centraron en dos grandes capítulos: bienes corrientes y servicios, que obligaron al Consistorio de la capital a destinar 62,1 millones de euros, una cifra equivalente a todo el presupuesto en la provincia del Fondo Estatal de Inversión Local; y de personal, con una factura de 48,1 millones, el 25,65% del total en el pasado año. Las inversiones reales representaron, en tercer lugar, un recargo de 13,9 millones. Los técnicos del Ministerio de Hacienda aconsejan, además, en su informe, de carácter nacional, que se modifique la Ley de Morosidad, que cuenta apenas con cuatro años de recorrido. Gestha considera que el cambio de normativa debe girar sobre una mayor agilidad en los pagos, que afecte tanto a consumidores, como empresas y “especialmente a la Administración Pública”. Una mala práctica que los técnicos quieren desterrar y recomiendan un plazo límite de un mes en las facturas para que ni corporaciones locales ni ciudadanos se queden vacíos de dinero y con deudas para afrontar la actual crisis.

   





 
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